La emisión de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, comúnmente llamada finiquito, podría frenar la toma de posesión de cargos de algunos funcionarios, según la opinión de analistas consultados.
El próximo 14 de enero deberán asumir las autoridades electas para el Organismo Ejecutivo y el Congreso, mientras que el 15 se deben de renovar las 340 corporaciones municipales. Cada uno de los futuros funcionarios necesitará presentar, para cumplir con el proceso administrativo, un finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas este año.
Hasta el pasado fin de semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) había entregado finiquitos a 123 de 160 diputados y a 215 alcaldes de 340, cifras que van en aumento.
Para para dos analistas independientes consultados, el finiquito ha sido usado en los últimos años como un “arma política” en donde funcionarios afines a los grupos de poder obtienen el documento sin llenar los requisitos, mientras que personas que podrían resultar “incómodas” en la gestión pública encuentran obstáculos para la tramitación del documento.
Cesar Elías, exsubcontralor y actual analista independiente, explicó que solamente existen tres motivos por los que la CGC podría negar esta constancia.
“La institución facultada para emitir la constancia es la CGC, y no la puede extender si han presentado una acción penal -en contra del solicitante-, si ha requerido el reintegro de fondos públicos o si tiene sanciones pecuniarias pendientes de liquidar, esas son las tres razones por las que la CGC no podría emitir un finiquito”, explicó el analista.
Algunos funcionarios asumirán cargos el 14 de enero con solicitudes de antejuicio pendientes de trámite, y otros que han sido tachados de corruptos por el gobierno de los Estados Unidos, pero Elías explicó que nada de esto puede frenar la entrega de un finiquito.
“La CGC no puede negar la emisión de una constancia por acciones de terceros. Por ejemplo, si hay una demanda civil por pensión alimenticia no tiene nada que ver con el trabajo de la CGC; en síntesis, no puede extender la constancia si la CGC propiamente presentó una acción”, añadió.
Retraso malicioso
La CGC dispuso en 2020 que todos los funcionarios electos debían de presentar un finiquito reciente, medida que al día de hoy sigue estando vigente.
En la actual legislatura hubo dos diputados que tuvieron problema con la entrega del nuevo finiquito, lo que puso en dificultades su toma de posesión el 14 de enero de 2020.
Se trata de la fallecida Lucrecia Hernández Mack, quien había sido ministra de Salud, y Carlos Mencos, que había ocupado el cargo de contralor general de Cuentas.
Los funcionarios electos tuvieron que acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que pudiera asumir el cargo, una estrategia que Elías destaca pueden usar los futuros funcionarios que se pudieran encontrar en un escenario similar.
“En nuestro sistema jurídico guatemalteco existen algunas alternativas como el amparo, en caso que la CGC retrase de manera maliciosa la emisión de la constancia; las personas afectadas pueden accionar, ese es un mecanismo para que puedan tomar posesión”, explicó.
¿Los promocionan?
Durante el fin de semana la CGC informó en sus redes sociales que ha extendido su horario para la entrega de finiquitos, compartiendo en ellas videos con entrevistas a algunos diputados.
Se trata de congresistas que han estado liderando el Congreso en los últimos cuatro años, y de aquellos que estarían en negociaciones para la futura Junta Directiva del Congreso.
El diputado del Congreso de la República, Allan Estuardo Rodríguez Reyes comenta sobre la atención recibida en la Contraloría General de Cuentas. pic.twitter.com/GbVy2CgRjv
— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) January 6, 2024
Entre esa serie de videos se ha observado a Allan Rodríguez y Boris España, de Vamos; así como diputados de Valor, dos de los tres bloques que estarían detrás de la presidencia del Congreso.
El diputado del Congreso de la República, Boris Roberto España Cáceres comenta sobre la atención recibida en la Contraloría General de Cuentas. pic.twitter.com/alEQfdmCo3
— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) January 6, 2024
Rodríguez, España y el mismo Felipe Alejos, que ha sido añadido en las redes de la CGC, están siendo señalados por el gobierno de los Estados Unidos de ser actores a favor de la corrupción.
La Contraloría General de Cuentas ha entregado durante los dos primeros días del horario extendido la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos #Finiquito a 58 diputados y 119 alcaldes municipales electos para el período 2024-2028. pic.twitter.com/tD99dZHk5Z
— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) January 5, 2024
El hecho podría tener un mensaje de fondo, según el análisis de Renzo Rosal, quien esperaría que tan solo se trate de un desliz en el área de comunicación.
El diputado del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana comenta sobre la atención recibida en la Contraloría General de Cuentas. pic.twitter.com/naBBGMqHFo
— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) January 8, 2024
“Que hagan figurar a estos personajes, quizá para que la CGC quedé bien con quien probablemente sea el presidente del Congreso sí me parecería una muestra de falsedad y debilidad de la CGC, quisiera verlo como un error del área de Comunicación Social de la CGC como un desliz de solo ir promocionando”, dijo.
Al respecto, el área de asesoría de la CGC respondió lo siguiente: “Lo que se está promoviendo es un proceso de transición que fortalezca la democracia, por esta razón se han atendido a todos los funcionarios electos de todos los partidos políticos, y a todas las personas que trabajan en el Estado y que renuevan año con año sus contratos laborales. La CGC es una entidad eminentemente técnica y se ha mantenido al margen de cuestiones políticas. Ha implementado procesos que han permitido prestar un servicio eficiente a todos los usuarios que lo requieren”.
Los diputados no tienen tantas complicaciones para obtener el finiquito, ya que no son quienes manejan los fondos económicos del Congreso, con diferencia de los alcaldes, que sí coordinan los recursos de las alcaldías.
“Me parece a mí que no deberían de caber criterios de discrecionalidad, alcaldes con reelección, si deberían de ser sometidos a un mayor análisis para la emisión de ese documento”, argumentó Rosal.
La Secretaría General de la CGC ha recibido 6 mil 84 solicitudes de finiquito, ha impreso 5 mil 20, se han firmado 5 mil 19, misma cantidad que ya ha sido entregada a los futuros ciudadanos que tendrán cargos públicos.
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