Corte de Constitucionalidad ordena que se garantice la transición de todos los funcionarios electos el próximo 14 de enero

La CC amparó a un grupo de ciudadanos y garantiza transición de mando el próximo 14 de enero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Frenar las actitudes ilegales referentes a la cancelación del partido Movimiento Semilla, al secuestro de material electoral y al intento ilegal de eliminar las elecciones mediante mecanismos ilegales, eran parte de las peticiones que buscaba una acción de amparo que se presentó el pasado 6 de octubre ante la Corte de Constitucionalidad y que este jueves 14 de diciembre se otorgó.

El constitucionalista Édgar Ortiz encabezó al grupo de ciudadanos que accionó ante la máxima corte constitucional, según explicó, porque hasta ahora no había sido contundente con las acciones que se llevaban a cabo y que mantenían cierta incertidumbre sobre la transmisión de mando presidencial, el próximo 14 de enero.

La petición, según Ortiz, era que la CC planteara la hoja de ruta de cara a la transición.

“Nosotros acudimos como ciudadanos a un acuerdo cívico denunciando una amenaza de ruptura del orden democrático, concretamente una amenaza a que no hubiese una transición pacífica del poder”, explicó Ortiz a Prensa Libre. 
El abogado añadió que el amparo también señala a distintos órganos que intervienen de una forma directa o indirecta en esa transición, por lo que la resolución de la CC ordena a estos actores que “pase lo que pase el 14 y 15 de enero tomarán posesión todos los funcionarios electos”.
“Concretamente el pedido es este, que la Corte ponga una línea de claridad y defina de una vez por todas, que tiene que haber transición”, dijo Ortiz. 
La CC ya había fallado de manera provisional a favor de Ortiz y ahora se confirma que “se debe preservar el régimen democrático del Estado, observando con cada actuación los valores fundamentales de la justicia, la seguridad y la paz, en particular el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”.
El amparo también dicta que se deben realizar todos los procesos para garantizar “imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República”.


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