La comisión pesquisidora para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió la ratificación de la denuncia por parte de agentes de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).
La tesis que argumentaron los agentes fiscales es que pudo existir una sobrevaloración en el costo del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), el que se utilizó para las elecciones de este 2023.
Este sistema fue adquirido por la empresa Datasys, que a su vez subcontrato a la empresa Podernet, una maniobra administrativa, que a decir de los agentes fiscales, amerita una investigación en profundidad.
El costo por el que el sistema fue adquirido fue de Q148 millones, una cantidad que a consideración de los investigadores pudo ser sobrevalorada.
La Fiscalia detalló que en un Estado de México se utilizó el mismo sistema, por un costo de aproximadamente 55 millones de pesos, es decir, poco más de Q20 millones.
Otro de los argumentos que utiliza la Fiscalia es que hubo un segundo oferente, una entidad que ofreció el servicio informático a un costo menor, por lo que les genera dudas si la decisión fue la más adecuada y apegada a derecho.
La ratificación que hizo el MP fue contra cuatro magistrados titulares; Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, ya que el ente investigador fue notificado la tarde de este martes sobre un amparo provisional.
Dicho amparo, que fue emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), dejó en suspenso el trámite de la Comisión Pesquisidora contra Blanca Alfaro, presidente del TSE; y los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.
Para la reunión de este jueves 23 de noviembre, la comisión pesquisidora recibirá a los magistrados del TSE que no fueron amparados, para que puedan presentar sus pruebas de descargo.
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