La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenará en las próximas horas al Congreso de la República a reunirse para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA), según confiaron ayer fuentes del máximo tribunal.
Desde 2020, el Congreso ha agendado más de 240 veces la elección de las Cortes, sin embargo, nunca lo han concretado.
En corrillos de la CC se ha escuchado el rumor de que en las próximas horas emitirán una resolución, basados en una debida ejecutoria presentada hace meses, que les ordena a los diputados del Congreso a elegir a los togados de las cortes del país.
Hasta ahora ninguna fuente oficial ha confirmado tal extremo. Sin embargo, de acuerdo con versiones extraoficiales, la CC habría resuelto una debida ejecutoria sobre un amparo que le otorgó a la fiscal general, Consuelo Porras, el 24 de febrero de 2020, sobre la integración de las Cortes.
La información que ha trascendido es que los congresistas deben reunirse de inmediato, tienen plazo antes de que termine este 2023, y de no acatar lo ordenado se les certificaría lo conducente.
La CC ordenó el 6 de mayo de 2020 que los diputados debían elegir de viva voz a personas que cumplieran con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que establece la ley. Además, debían excluir a las personas que tuvieran señalamientos del Ministerio Público.
El Congreso debió iniciar con la elección el 23 de junio de 2020, pero la Junta Directiva y los diputados oficialistas no lo hicieron y no cumplieron con la sentencia de la CC.
El Congreso mantiene la actual nómina de 26 candidatos para integrar la CSJ, entre quienes resalta José Alejandro Córdova, actual procurador de Derechos Humanos, y de donde deben elegir a 13 titulares.
La nómina de Apelaciones la integran 270 abogados, de los cuales el Congreso debe elegir a 135 para integrar las distintas Salas.
Comisiones paralelas
Después de varios atrasos en el proceso de postulación, finalmente se integraba la nómina final de candidatos para que el congreso eligiera a los nuevos magistrados, en febrero de 2020.
Sin embargo, el 18 de febrero de ese año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), hizo pública la investigación de Comisiones Paralelas 2020, donde se señalaba a Gustavo Alejos como un operador político que había manipulado la nómina de elegibles.
De acuerdo a la información de la Feci, Alejos, aún privado de libertad, se había reunido con diputados, jueces, magistrados, abogados e incluso comisionados con los que habría pactado la nómina final de la cual el Congreso integraría a las nuevas autoridades judiciales.
El caso Comisiones Paralelas 2020 detonó un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) en contra del Congreso por “una amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de Cortes en el país”, el cual fue admitido por la CC y detuvo la votación en el Congreso.
La Feci también presentó la solicitud de antejuicio contra 10 magistrados de la CSJ, a quienes señaló de “actividades posiblemente ilícitas realizadas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de la Corte de apelaciones”.
Son investigados
En mayo del 2020, la CC otorgó un amparo en definitiva a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que el Congreso de la República realizara la elección de magistrados de la CSJ, sin que se elija a aquellas personas investigadas por el MP.
“Por lo tanto, debe de excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”, refiere la resolución del expediente 1169-2020 de la CC.
Este punto era uno de los principales obstáculos que identificaban algunos diputados del Congreso al momento que la resolución constitucional llegó al Legislativo, indicando que con esta decisión se violentaba la presunción de inocencia.
Esta resolución también llamaba a los congresistas a hacer la elección a viva voz, lo que representaba complicaciones de tiempo a consideración de varios congresistas, que auguraban una elección que les llevaría meses, sino años, para ponerse de acuerdo con la integración de los nuevos magistrados.
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