Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no registra denuncias de posibles casos de amenazas o coacciones a comerciantes para que cierren sus negocios y se sumen a las manifestaciones que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
No obstante, en las redes sociales han circulado videos en los que se ve cómo grupos de supuestos manifestantes exigen a los comercios cerrar sus puertas. En otros se observa cómo les advierten que deben hacerlo para no tener consecuencias.
En varios puntos del país ya se registra escasez de insumos y alimentos, no solo por los cierres aparentemente obligados, sino por la alarma que esto ha generado entre consumidores puesto que se han abalanzado hacia los mercados, supermercados y tiendas de barrio para abastecerse de todo cuanto puedan.
En Huehuetenango ya no hay gasolina ni gas propano. Tampoco se pueden conseguir frutas ni verduras. Además, hay hospitales privados a los cuales les empieza a faltar el oxígeno, entre otros insumos.
En Quiché también hay escasez. Tampoco hay gasolina y los productos de la canasta básica se han encarecido.
Pero, a pesar de la multiplicidad de comercios que permanecen cerrados, la PNC no ha recibido denuncias de coacción.
“Se está realizando un monitoreo para verificar si en algún momento o sector hay personas que realicen este tipo de intimidación”, indicó Edwin Monroy, portavoz de la PNC. Por el momento, solo monitorean la situación, subrayó.
El Ministerio Público (MP) no respondió a una solicitud de información de si han recibido denuncias de alguien que haya sido obligado a cerrar su negocio.
Las protestas empezaron el pasado lunes por parte de los 48 cantones de Totonicapán y el ánimo de protesta se han contagió rápidamente durante la semana a la población en general, al punto que este domingo (8 de octubre) se han registrado más de 80 bloqueos en carreteras.
Los manifestantes piden la renuncia de Porras Argueta, pero también del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Currichiche y del juez Fredy Orellana, a quienes acusan de interferir en el proceso electoral ganado en agosto pasado por Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla.
El propio Arévalo ha acusado a Porras Argueta de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura el 14 de enero de 2024.
Crisis podría agudizarse
Porras ya adelantó que no renunciará al cargo lo que ha caldeado más los ánimos. Los 48 cantones de Totonicapán también advirtió que no dejarán los bloqueos hasta que la fiscal general renuncie.
La gota que derramó el vaso de la población fueron los operativos que la Feci hizo en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 29 y 30 de septiembre, cuando secuestró las cajas electorales que contenían las actas de votaciones.
Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público fueron sancionados en los últimos dos años con el retiro de su visa por Estados Unidos, bajo acusaciones de “socavar” la democracia en Guatemala.
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