Este viernes se cumple el quinto día de manifestaciones y bloqueos a nivel nacional que exigen a renuncia de la fiscal general del MP, Consuelo Porras; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana. Analistas en seguridad resalta que ante la coyuntura las autoridades deben de tomar decisiones para evitar desorden social, además que antes del uso de fuerza se debe de agotar la vía del diálogo.
Los puntos bloqueados a nivel nacional han aumentado, así como la cantidad de organizaciones y personas que se han unido al movimiento social. Sin embargo, no toda la población está de acuerdo y las autoridades deben de resguardar el orden en favor de toda la ciudadanía.
“Si la autoridad también no empieza a desbloquear vías corremos el riesgo que por inactividad estatal personas armadas o grupos violentos vayan y se enfrenten a quienes están bloqueando y tengamos derramamiento de sangre”, advirtió el exsubdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) y analista en seguridad, Stu Velasco.
Recalcó que en caso eso suceda la responsabilidad penal recae sobre la PNC y el Ministerio de Gobernación (Mingob) ya que por mandato constitucional deben de velar por que se garantice tanto el derecho a manifestar como el de la libre locomoción.
“Esa es la disyuntiva en la cual se encuentran las fuerzas de seguridad”, señaló el experto.
De la misma manera, Mario Mérida, militar retirado y analista en seguridad, reconoció el riesgo de que otros grupos no identificados con el movimiento se enfrenten con armas a los manifestantes.
“Hay riesgo en que grupos armados de crimen organizado aprovechen para enturbiar y provocar una respuesta de las fuerzas de seguridad ”, comentó.
A su criterio, no se debe de esperar a que hayan víctimas porque después de eso la PNC y ano podrá dialogar para tratar de mediar.
Diálogo
Ambos expertos insistieron en que antes del uso de la fuerza, la respuesta operativa es buscar el diálogo con los autores intelectuales.
“Una vez ocurra una muerte no hay posibilidad de dialogo ni mayor acercamiento”, advirtió Mérida.
Explicó que se debe de aplicar una estrategia de de disuasión, tener presencia policial masiva en los lugares donde hay concentración de grupos, alertar al ejército según el protocolo de seguridad y pedir a los observadores de la organización de los Estados Americanos (OEA) a que acompañen para que no hayan acusaciones de violación a los derechos humanos.
“El gobierno tiene que pedirle a la OEA que medie en el conflicto antes de generar una respuesta represiva”, indicó el analista.
Velasco sugirió que se debe de negociar para llegar a acuerdos sobre la liberación de las rutas.
“Tendría la PNC la capacidad operativa, después de acreditado que se agotó el dialogo tendría que verse obligado a desbloquear las vías con el uso de fuerza que sea necesaria”, declaró.
Urgió a las autoridades a que velen también por el derecho de quienes no se unen a las manifestaciones a que no sena obligados por nadie a cerrar sus negocios.
“Así como han cumplido hasta el momento el resguardar la integridad de los manifestantes que han querido ser agredidos por personas inconformes, tendrán también que actuar en mandato constitucional para liberar las vías”, argumentó.
La Corte de Constitucionalidad recientemente resolvió un amparo interpuesto por Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) para liberar las vías con el uso de fuerza.
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