La apertura de las cajas electorales por agentes del Ministerio Público (MP) buscan anular las elecciones, al menos esa es la lectura que mantiene Juan Gerardo Guerrero, fiscal nacional de Movimiento Semilla.
“Usan nuestra causa – judicial – pero esto va más allá, porque lo que pretenden es buscar la forma de cómo justificar o argumentar la anulación del proceso electoral, eso es lo que realmente están buscando”, advirtió Guerrero.
El pasado martes 12 de septiembre agentes del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC)comenzaron un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), situado en el Parque de la Industria.
El oficio que llegó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) daba cuenta sobre la inspección y secuestro de herramientas informáticas, no detalla la apertura de cajas electorales, según los magistrados del TSE.
Romper la cadena de custodia de las cajas deja en una situación vulnerable el contenido de las mismas, señaló Guerrero.
“Ellos al romper la cadena de custodia pueden manipular maliciosamente la información que está dentro de las cajas, y sabemos muy bien que la Feci se ha dedicado en los últimos dos años y medio a prácticamente implantar pruebas”.
Movimiento Semilla pasó en segundo lugar tras la primera vuelta del 25 de junio, y tras la segunda vuelta electoral del 20 de agosto venció a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Este segundo partido político, a la fecha, no ha reconocido su derrota y presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por dudar del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Para el fiscal de Movimiento Semilla, debido a que en los allanamientos recientes buscan decomisar material informático, es probable que se conexe la denuncia de la UNE con la causa de Movimiento Semilla, que investiga una serie de supuestas firmas falsificadas y errores al momento que se formó como partido político.
Este caso judicial se encuentra en el juzgado séptimo penal, a cargo del juez Freddy Orellana, quien también ordenó suspender provisionalmente al partido político previo a que el TSE oficializara los resultados de la primera vuelta.
Pero el fiscal de Semilla, también identifica a otros actores que estima están atentando contra el sistema democrático.
“Lo que observo es que hay una reacción inmediata de estos actores antidemocráticos coordinados por el MP, el juez Freddy Orellana y la Fundación Contra el Terrorismo, en contra de la pureza del proceso electoral”, dijo.
Emitir estas resoluciones, para Guerrero, podrían generar escenarios complejos, “es muy arriesgado lo que está haciendo el juez Freddy Orellana, está poniendo en peligro todo el proceso electoral porque no aceptan los resultados”.
Incluso, añadió que hay sectores que mantienen una visión “confusa” de l realidad nacional, lo que estima impide apreciar con claridad el desarrollo de las votaciones y los resultados. “Lamentablemente, estas personas tienen una visión donde piensan que todavía estamos en una guerra fría, donde ven comunistas donde no los hay”, concluyó.
“NO ES NORMAL”
Quien también mantiene la misma sospecha que Guerrero es Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
“Pudiese ser que el trasfondo sea otro, que se busquen aparentes errores dentro de esas cajas que puedan dar lugar a que ellos por procedimientos que no son, ante autoridades que no son y habiendo pasado los tiempos respectivos, busquen por esas formas dejar sin efecto o anular las elecciones generales”, advirtió el experto.
Otro de los puntos que cuestionó Orellana fue que el juez séptimo emitió una orden sin respaldo constitucional, lo que podría traerle complicaciones penales.
“Hacer esa clase de actos y autorizarlos sin soporte constitucional es un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional (…) esto no es normal, no es algo que tenga un cauce dentro del rango constitucional o legal”, señaló.
AL MARGEN
El Pleno del TSE cuestionó que pese a los allanamientos ningún partido político se ha manifestado, manteniéndose así al margen de la coyuntura.
En la pasada sesión de jefes de bloque, el primer vicepresidente del Congreso, Boris España, y la jefa de bloque del partido Valor, Lucrecia Marroquín, opinaron sobre los allanamientos.
España, quien consiguió su reelección por el partido Vamos, dijo que no se puede desestimar ninguna denuncia.
“No es golpe de estado ni nada de esa naturaleza, creo que es irresponsable hacer tipo de aseveraciones o señalamientos. Tanto el Congreso como el Ejecutivo han mostrado su buena voluntad de hacer la transición correspondiente”, dijo el diputado.
Para Marroquín, del bloque Valor, hubo acciones que se “falsearon” al hablar del trámite y proceso electoral.
“Estamos en un punto muy importante de la historia de Guatemala y hay que tomar las cosas con cautela, porque el pueblo votó, está esperanzado que el 15 de enero tome posesión el presidente que ganó, aun cuando creo que si se hace el conteo como la CC obligó, puede haber sorpresas”, señaló la congresista.
El MP informó que seleccionó 160 cajas electorales al azar para profundizar en la hipótesis de un caso nuevo bajo investigación, diligencia que podría durar algunos días.
El TSE ya accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero la recomendación de expertos es que el órgano electoral debe de presentar denuncias.
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