Human Rights Watch: “En Guatemala está en riesgo el Estado de Derecho”

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señala que el Estado de Derecho está en riesgo en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

En una visita a Guatemala, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en entrevista con Prensa Libre señala que la persecución de jueces y fiscales, así como de periodistas, y la invalidación de candidatos en el proceso electoral, ponen en riesgo el Estado de Derecho en el país, y en el contexto de las Elecciones Generales coloca en peligro la posibilidad de los guatemaltecos de elegir libremente a sus autoridades.

¿A qué se debe su visita a Guatemala? 

Desde Human Rights Watch venimos haciendo investigación rigurosa de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho de la región, y hemos venido fortaleciendo nuestra capacidad de investigación en Centroamérica, porque tenemos serias preocupaciones del deterioro del Estado de Derecho.

En Guatemala hemos documentado la persecución de jueces y fiscales que han luchado contra la impunidad, de periodistas que han documentado procesos de corrupción, y hemos documentado la inhabilitación de candidatos a cargos de elección popular poniendo en riesgo el derecho de los guatemaltecos a elegir.

Esa combinación nos llevó a hacer esta visita para llevarnos de primera mano un mejor diagnóstico y poner sobre la mesa soluciones tanto a los guatemaltecos como a la comunidad internacional.

En ese diagnóstico ¿Qué es lo que más les preocupa de la situación en Guatemala? 

Guatemala se va a enfrentar en dos semanas a un proceso electoral en medio de un proceso paralelo al desmonte del Estado de Derecho. La forma en la que el aparato judicial es paradójicamente para perseguir a quienes luchan contra la impunidad y no para luchar contra esta, se suma al escenario más grave y más preocupante de persecución de periodistas.

Según Naciones Unidas, 38 ataques de distinto tipo contra periodistas, 22 periodistas salido en el exilio, los casos de Rubén Zamora y de personas que participaban como columnistas y periodistas de ElPeriódico se suman a otros que, a través de herramientas como la criminalización, la interpretación arbitraria de las normas de lavado de activos, de las normas contra el feminicidio, cierran la posibilidad de tener prensa libre e independiente que haga un proceso de control del poder en Guatemala y que informe de manera libre sobre las elecciones.

Ese deterioro en el que se enmarca una circunstancia de aplicación arbitraria de normas electorales, donde algunos candidatos se les invalida y a otros no, donde se aplica de manera desigual esas normas para desequilibrar la cancha electoral e impedir que sean los guatemaltecos quienes puedan elegir, allí vemos que está en grave riesgo el Estado de Derecho, y en este contexto electoral en Guatemala está en riesgo la posibilidad de elegir libremente.

¿Y cómo nos pone esta situación frente al resto de países de la región? 

En la región hay casos graves como el de Nicaragua, que es abiertamente una dictadura, lo propio con Venezuela y Cuba, que llevan a que otros casos pasen debajo del radar.

En Centroamérica cada vez hay más conciencia de lo que sucede en El Salvador, en donde se cometen graves violaciones a derechos humanos, pero en ese escenario Guatemala pasa debajo del radar, con este halo de legalidad en donde, muy llevados por las formas jurídicas, parecería que no está pasando nada y que todo es normal, y cuando se indaga a profundidad, la persecución de jueces y fiscales, contra la prensa, nos muestra un escenario mucho más complejo de lo que se ve internacionalmente.

Que Guatemala no esté tan grave como Nicaragua, no significa que está caminando a pasos agigantados hacia el autoritarismo.

¿Cree que las acciones de las autoridades electorales y judiciales terminarán en que no se respeta al final la voluntad popular en este proceso electoral? 

Una parte importante de cómo salga adelante este proceso recae en la ciudadanía. En primer lugar, en el ejercicio del derecho al voto, de salir masivamente a votar, y no dejarse amedrentar ni comprar, en determinar libremente el futuro, independientemente de por quién quiera votar.

Lo segundo, es que hay una sociedad civil que está dispuesta a hacer monitoreo electoral, una presencia de monitores internacionales como la Unión Europea, como la OEA, que serán vigilantes de esa votación, y en ese sentido, aunque hemos documentado restricciones muy serias en la fase previa a la fecha electoral, estamos convencidos de que la única manera de contrarrestar ese fenómeno está en que el pueblo guatemalteco salga masivamente a ejercer su derecho al voto.

¿Estas acciones van de la mano con una tendencia autoritaria en la región?

En América Latina tenemos un proceso dramático de pérdida de confianza en las instituciones. El que nuestros gobiernos no hayan sido efectivos en la lucha contra la pobreza, contra la inseguridad y el crimen organizado, que haya crecido la corrupción, hace que se erosione la confianza en la democracia, en el Estado de Derecho, y eso ha hecho crecer alternativas autoritarias que están dispuestas a restringir derechos, a pasar por encima de la prensa, acabar con la separación de poderes, generando un proceso aún más dramático de violación derechos.

Son regímenes que se venden como la solución, que van a luchar contra la pobreza, que van a resolver la inseguridad, a acabar con la corrupción, y en la práctica terminan perpetuando esos mismos ciclos.

¿Los autoritarismos se contagian?

Sin duda, el caso de Bukele en este momento es el más claro, es un fenómeno que distintos políticos a lo largo de la región están adulando, están tratando de ver cómo reciben el beneplácito de Bukele o cómo se parece cada vez más a él. Allí lo único que podemos hacer es acceso a información, que la ciudadanía mire como en América Latina la mano dura ha sido siempre una fase temporal que no genera, en el largo plazo y de manera sostenible, procesos de más seguridad.

Estos regímenes autoritarios que dicen luchar contra la corrupción, muchos terminan involucrados en casos aún peores de corrupción. La forma de evitar ese contagio es con mejor acceso a información pública y de calidad.

¿Guatemala va camino a esa situación de autoritarismo? 

No podría predecir resultados electorales, pero si bien el fenómeno que existe hoy en Guatemala es distinto de Nicaragua, es distinto al de El Salvador, la forma en la cual se restringe la libertad de prensa es similar a la de un régimen autoritario. La forma en la cual se persigue sistemáticamente a jueces y fiscales que han luchado contra la impunidad es sin duda semejante al de regímenes autoritarios.

¿Cómo evalúa el tema del respeto a los derechos humanos? 

Hay por lo menos tres tipos de violaciones a derechos humanos que nos preocupan: la restricción a la libertad de prensa y la libertad de expresión, la restricción a la independencia judicial y a la posibilidad de luchar contra la impunidad por vía de investigaciones transparentes, adecuadas, en vez de usar la justicia en contra de quienes han buscado luchar contra la impunidad, y las violaciones al derecho al voto.

¿Qué evaluación hacen, por ejemplo, de la libertad de expresión?

El que haya 22 periodistas en el exilio, que haya persecución judicial de los periodistas y un uso arbitrario del Derecho Penal para  criminalizarles hace que se genere un clima de miedo a decir la verdad, hay miedo a investigar, se generan fenómenos de autocensura, y si no hay información de calidad disponible se erosiona el proceso democrático y la posibilidad de elegir bien, porque son los periodistas los llamados a ayudar a develar información que quienes ejercen el poder no quieren transparentar. Si perdemos la posibilidad de que el periodismo valiente dé esa información, los ciudadanos se quedan sin la posibilidad de tomar decisiones basadas en información cierta y veraz.

¿Qué recomendaciones podrían hacer aún al Estado guatemalteco?

Lo primero es poner en marcha reformas para detener la persecución de organizaciones de sociedad civil y de periodistas. Eso pasa por echar para atrás las restricciones a ley de oenegés que han limitado la posibilidad a organizaciones de sociedad civil de existir, de recibir recursos para su funcionamiento. Pasa por transformar normas en función del lavado de activos, de la lucha contra el feminicidio, usadas con sobre interpretaciones para la persecución de periodista. Pasa por una reforma al sistema de partidos políticos y electoral para evitar que esas normas sean usadas bajo interpretación arbitraria para invalidar candidatos de manera arbitraria. Pasa por una reforma a la justicia y en particular al Ministerio Público, para evitar que siga un abuso de poder en la persecución de jueces y fiscales, entre otras reformas que Guatemala está en mora de iniciar.

¿Qué futuro ven en Guatemala y la región y qué papel debería jugar la comunidad internacional?

Quienes trabajamos en la defensa de Derechos Humanos tenemos que ser optimistas, de lo contrario tendríamos que trabajar en otra línea, y sin duda hemos visto organizaciones de sociedad civil, jueces y fiscales valientes, periodistas comprometidos con que seguirán adelante con su trabajo. No puedo sino pensar que es gracias al trabajo de todas estas personas en Guatemala que empiece un proceso de reformas progresivas en una agenda que está pendiente, si los guatemaltecos quieren evitar esa deriva hacia el autoritarismo.

¿Se van preocupados por lo que han visto en el país? 

Nos vamos muy preocupados, desafortunadamente Guatemala al estar tan cerca de Nicaragua y El Salvador pasa debajo del radar, pero hago un llamado a la comunidad internacional a abrir los ojos sobre Guatemala, lo que está sucediendo es muy grave y no es un momento para quedarnos callados, es momento para denunciar la gravísima situación en la cual Guatemala va a enfrentarse a un proceso electoral.

 

 

 



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