Los ojos de diversos sectores sociales, políticos y económicos están puestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) y más ahora porque en sus manos tiene acciones qué resolver no solo en materia electoral de cara a las Elecciones Generales 2023 que se llevarán a cabo el 25 de junio próximo.
Deberán decidir también sobre el futuro del deporte olímpico guatemalteco, que desde el 15 de octubre de 2022 está suspendido luego que, por mayoría, cuatro de los cinco magistrados titulares suspendieron en forma provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), que habían sido avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI) en diciembre de 2021.
A esas brazas se añaden otras como “obligar” al Congreso a cumplir con la sentencia de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelación.
O decidir sobre las cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en contrataciones de tiempo parcial.
A esto también se suman antejuicios contra diputados que buscan la reelección. Todavía falta que decidan en definitiva sobre una inconstitucionalidad respecto del requisito de finiquito para ocupar cargos de elección popular.
Sin embargo, el cambio de presidencia no supone un cambio en la dirección que han mantenido, según analistas consultados.
¿Cómo llega Pérez Aguilera?
Hoy a las 10 horas en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la capital tomará posesión Héctor Hugo Pérez Aguilera como presidente de la CC en sustitución de Dina Ochoa.
Pérez regresó al alto tribunal el 21 de junio de 2022 luego de haber ocupado la magistratura entre el 2011 y el 2016. Aquella vez representó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Mientras no estuvo en la CC ocupó asesorías en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Organismo Judicial (OJ) en donde devengaba poco más de Q250 mil anuales, según el portal Guatecompras.
Su retorno a la CC en 2022 ocurrió porque el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) lo designó para sustituir a Gloria Porras, una abogada que hoy está exiliada en Estados Unidos.
El 29 de marzo de 2022, la CC anuló la designación de Porras como magistrada constitucional y le ordenó al CSU repetir el proceso desde la convocatoria.
La resolución de la máxima corte se dio por amparos de la Fundación Contra el Terrorismo porque argumentaron irregularidades en el proceso de su elección. Criticaron que la ley establece que la votación debe ser secreta, pero no fue así y en consecuencia.
Pérez Aguilera tomó posesión el 21 de junio de 2022, en medio de enfrentamientos entre la Policía Nacional Civil y manifestantes que rechazaban la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. Desde entonces se le vinculó con el oficialismo y sus votos en el pleno lo han corroborado más, según los analistas.
Para José Luis González Dubón, doctor en derecho, el principal reto que enfrentará este período presidencial a cargo de Pérez Aguilera “será garantizar la participación de los candidatos a presidente, diputados, alcaldes y corporaciones municipales, que no tienen una causal que les impida su participación”.
“Será de especial trascendencia la decisión sobre la candidatura de Zury Ríos, de quien no obstante tener pleno derecho de aspirar a la presidencia, el partido Cabal pretende impedirle su participación con un amparo declarado sin lugar el 12 de abril por la Corte Suprema de Justicia”, recordó.
Ese fallo, sin duda, los amparistas lo apelarán sin duda alguna, declaró González. “La sentencia que deberá dictar en este asunto la CC es una prueba de fuego en la que si la mayoría de magistrados no se apegan al texto del artículo 186 constitucional que evidentemente sí le permite participar en la contienda electoral, manchará para siempre a la octava magistratura de la CC”.
“Es deseable que por lo menos en este fallo la mayoría de magistrados rescaten una mísera parte de la confianza ciudadana que hoy por hoy han perdido, por haber continuado con la politización de la justicia constitucional que caracterizó a la séptima magistratura”, expresó.
Fallos y justicia
Para el doctor en derecho, José Luis González, el discurso de toma de posesión de Dina Ochoa hace un año “fue esperanzador, pero su gestión no llenó las expectativas que despertó”.
“Las cuestiones de trascendencia nacional que se resolvieron durante su presidencia tuvieron un resultado decepcionante, particularmente la suspensión de Guatemala como miembro del Comité Olímpico Guatemalteco y la falta de expulsión de las normas evidentemente inconstitucionales de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, opinó.
Según González, en ambos casos, trascendió que los fallos obedecieron a motivaciones políticas alejadas del juramento de fidelidad a la constitución que los magistrados prestaron al asumir el cargo.
“En el primer caso el daño que sin necesidad alguna se le hizo al deporte nacional llevará mucho tiempo subsanarlo, y el perjuicio a los deportistas de categoría olímpica que invirtieron buena parte de su vida en prepararse para las competencia olímpicas es irreparable, pues la edad adecuada de los competidores para obtener sus mejores logros se perdió”, relató González.
Agregó que en el segundo caso “el daño que se hizo al proceso electoral al declarar sin lugar las impugnaciones a las manifiestas violaciones a la libre expresión de los candidatos a cargos de elección popular ha desembocado en la violación al derecho de ser electos de algunos candidatos a la presidencia de la república, la violación al derecho de propiedad privada impidiendo a los guatemaltecos la libre disposición de su patrimonio e incentivando el financiamiento ilícito de las campañas políticas”.
También, expone el experto, en la violación del derecho de libre industria y comercio con la expropiación de los espacios y tiempos de aire de los medios de comunicación.
“En ambos casos los votos disidentes de algunos magistrados como el licenciado Roberto Molina Barreto no dejaron la menor duda acerca de que el voto de la mayoría obedeció a intereses políticos y personales”, cuestionó.
El constitucionalista Acisclo Valladares aseguró que el cambio de presidencia ocurre en medio de muchos incumplimientos de plazos judiciales.
“Dina Ochoa deja el cargo sin haber podido enfrentarse y superar el cáncer que hace pedazos e inútil el sistema de justicia en Guatemala”, aseveró.
Además, agregó, el relevo ocurre en medio del “incumplimiento de los plazos judiciales y leyes de la República”.
“Este peligroso cáncer coloca a los jueces a las puertas mismas del delito y constituye un pésimo ejemplo”, argumentó el constitucionalista.
Valladares consideró que “el mayor reto para el nuevo presidente es enfrentarse a ese cáncer y superarlo”.
“Justicia tardía, si en ley, ya no es justicia y si fuera de ley, el colmo, dos veces ajena a la justicia”, puntualizó.
El profesor universitario en derecho constitucional, Edgar Ortiz, relató que “la presidencia asume una carga administrativa, obviamente uno podría pensar que los retos de corto plazo sería la gestión, la priorización de los casos en materia electoral que van a llegar a la CC sobre presidenciables, diputaciones, corporaciones municipales”.
“Hay un sentido de urgencia, porque – esos candidatos – van a tomar posesión en enero de 2024. Será un desafío priorizar eso”, puntualizó.
“Hoy más que nunca la CC estará en el ojo de la población porque las sentencias relacionadas con casos políticos deberán de darse en forma inmediata”, consideró.
El abogado Aquiles Faillace analizó que la CC, en los últimos años, “se ha constituido en un supra poder no contemplado en la Constitución, que ha logrado autoridad ejecutando actos de poder sobre los mismos poderes del Estado”.
“Entre el caos institucional, la desesperanza ciudadana y la cultura del autoritarismo, hemos visto que se erigió un gran árbitro del actuar nacional mediante la aplicación de una ley (de amparo) que nunca tuvo la intención de lograr ese propósito”, expresó.
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