Campaña política sube de tono en redes sociales sin espacios para conocer propuestas

Autoridades del TSE afirman que no pueden tomar acciones legales o administrativas por casos de violencia política. Fotografía: Prensa Libre (Roberto López)

El 27 de marzo comenzó la campaña política para las elecciones generales del 2023, y prácticamente de manera simultánea iniciaron las agresiones entre partidos políticos y candidatos.

La destrucción de propaganda sin al menos haber transcurrido 24 horas desde el inicio de campaña fue el primer paso, después los señalamientos verbales comenzaron en las tarimas.

El pasado 28 de marzo Manuel Conde, candidato presidencial del oficialismo, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), incluyó en su discurso inicial a dos candidatas presidenciales.

“Se han hecho tantos cambios físicos que uno ya ni las conoce”, el discurso de Conde generó algunas risas entre sus asistentes, para acto seguido decir, en referencia a las candidatas aludidas, que “no es eso lo que la política necesita”.

Incluso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) amonestó verbalmente al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación), por incluir en su propaganda un mensaje, que a criterio de las autoridades, violentaba a las mujeres. El partido aceptó el llamado de atención y cambió su estrategia de comunicación.

Pero esos acontecimientos eran apenas los primeros indicios de la agresión entre partidos políticos para la campaña electoral, ya que pasaron de ser agresiones verbales y escalaron hasta las agresiones físicas.

El pasado fin de semana simpatizantes de Sandra Torres, candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y de Zury Ríos, candidata a la presidencia por Valor, se enfrentaron en Tucurú, Alta Verapaz.

El incidente fue tal que el Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio, ya que la simpatizante de Valor desenfundó un arma de fuego e incluso accionó la misma.

“Que la candidata de ellos se salga a pronunciar y de la cara, que pidan disculpas públicas”, criticó Torres, a lo que obtuvo como respuesta de Ríos presuntos señalamientos penales contra la candidata de la UNE, “una mujer que no cumple la ley, no puede hacer cumplir la ley”.

El escenario: las redes sociales

A criterio de expertos, las redes sociales deberían de ser las plataformas para la difusión de proyectos políticos serios para la campaña electoral, por el contrario, se han transformado en una especie de cuadrilátero en el cual todos los candidatos se atacan entre sí.

Entre la disputa entre UNE y Valor se incluyó Edmond Mulet, candidato presidencial de Cabal, quien les dijo que “con sus pleitos solo demuestran inmadurez e incapacidad para hacer Gobierno”.

Recientemente, en las redes sociales hubo difusión de las críticas que Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana, hizo a una periodista que le cuestionó sobre diversos temas.

“Eso no es periodismo libre, eso es terrorismo periodístico”, criticó en sus redes el candidato, mismo espacio donde la comunicadora cuestionó la reacción de Pineda, “usted apenas es candidato, qué podemos esperar si ahora usted se molesta con estos cuestionamientos”.

Pineda fue cuestionado también por el presidenciable Amílcar Rivera, del partido Victoria, todo a raíz de un video en el que Pineda acompañaba a un creador de contenido que usando palabras ofensivas se burlaba de unas de las promesas presidenciales de Victoria.

Rivera en respuesta tachó al candidato Pineda de pertenecer a los grupos afines a la corrupción. Hasta hace poco, Pineda integraba las filas del partido político Cambio, que tiene como máximos dirigentes a la familia Baldizón.

Ajeno a esta serie de discusiones y ataques, Manuel Villacorta, candidato a la presidencia de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), compartió recientemente en sus redes sociales una invitación a los presidenciales, para debatir públicamente sobre los planes de gobierno.

“No dan la talla”

Los ataques entre candidatos no es algo nuevo en el proceso electoral, según Renzo Rosal, analista político independiente, quien añade que este año se observa una mayor cantidad de ataques, que estima, se pueden dar debido a que los candidatos no cuentan con propuestas sólidas y buscan distraer al votante con discusiones vacías.

“La política guatemalteca es burda, es simplista, es marcadamente autoritaria y con rasgos de violencia, si no es física pero si violencia verbal. Dicho de otra forma lo que se manifiesta en las redes sociales es lo que se esperaba de este proceso”, refirió.

El experto también considera que los políticos usan esta “estrategia” porque no cuentan con el perfil necesario para el puesto que aspiran, “son cadentes de contenido, cadentes de atracción del ciudadano y esa carencia es porque el perfil de varios candidatos no dan la talla para que puedan hacer planteamientos serios”.

Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), ve como principal problema de esta serie de ataques que existe una escasa difusión de las propuestas políticas.

“Nos deja especialmente con más dudas que respuestas. En lugar de afianzar el voto hacia uno u otro candidato, como que se está orillando a la población a tomar como una decisión enfocada a los pronunciamientos coyunturales”, señaló.

TSE atado de manos

El pasado 11 de abril el TSE firmó un acuerdo de no agresión con 27 de los 30 partidos políticos inscritos para las elecciones generales, pero fuera de eso, las autoridades electorales no pueden hacer nada para evitar las agresiones.

El TSE tiene que esperar la buena voluntad de los partidos políticos para evitar las agresiones, ya que no pueden emitir sanciones o medidas administrativas por violencia electoral, pese a que son la máxima autoridad en materia electoral.

“Nosotros como TSE no podemos acceder a una cuestión de imposición de alguna cuestión que no trascienda de acciones que puedan ser documentadas mediante transgresión a la ley electoral”, explicó el magistrado electoral, Rafael Rojas.

Todas las agresiones entre partidos políticos o simpatizantes quedan en manos de las fuerzas de seguridad, indicó el funcionario, “si son hechos de violencia deben de trascender al conocimiento de la autoridad respectiva, que en este caso sería la participación del Ministerio de Gobernación por intermedio de la Policía Nacional Civil (PNC), y por supuesto ante el MP”.

Los analistas estiman que a medida que nos acerquemos al 25 de junio, la fecha de las elecciones generales del 2023, las agresiones y ataques entre políticos y simpatizantes podría ir en aumento.



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