Las ventas, según los registros de Guatecompras, alcanzan los Q35.27 millones entre 2020 y lo que va de 2023. Sin embargo, la mayoría de las transacciones no fueron efectuadas directamente por el órgano castrense, sino a través de seis empresas de cuyas acciones el IPM controla entre el 88 y 99%, según un informe de la Contraloría General de Cuentas.
Estas entidades, contratistas del Estado y manejadas por los militares, son: Aseguradora Guatemalteca, Cristina, Promotora de Clubs, Almacenes y Servicios, Maya Químicos y Hotel Suites Mar y Sol. Todas ofrecen al público variedad de servicios.
A través de estas empresas, el IPM ha logrado desde 2020 contratos por Q23.73 millones, el 67% por negocios con el Estado.
El resto de los ingresos proviene de contratos de arrendamiento suscritos directamente por la institución con otros entes estatales. Por ejemplo, está la renta de espacios para oficinas en el edificio de la zona 1 capitalina y en la Torre Azul, zona 9.
Desde 2020, el Instituto ha acumulado convenios valorados en Q11.54 millones por la renta de esos espacios.
Estos alquileres representan uno de los negocios más significativos de los militares jubilados con el Estado, cuyo servicio ha sido contratado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el Crédito Hipotecario Nacional.
También ha hecho negocios de proveeduría a sus empresas, lo cual quedó registrado en Guatecompras. No obstante, por ser estas corporaciones parte del IPM, dichas operaciones no se tomaron en cuenta para este reportaje.
Negocios millonarios
La empresa del IPM que más dinero ha captado a través de negocios con el Estado es Maya Químicos, que le ha despachado explosivos o insumos para detonación al Ejército, Ministerio de Gobernación y las comunas de Petatán, Huehuetenango, y Tacaná, San Marcos. Incluso, al Ministerio de la Defensa le ha proveído equipo militar.
Por estas proveedurías, la entidad mercantil registra ventas de Q10.12 millones. Reporta que el 87.5% de sus utilidades son trasladadas al Instituto, para el pago de prestaciones y la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios.
En tanto que Aseguradora Guatemalteca ha conseguido Q8.18 millones en contratos con instituciones públicas entre 2020 y 2023. La corporación fue adquirida por el ente de previsión militar en 1977.
Otra empresa que ha obtenido varios millones del erario es Cristina, la misma que administra la icónica Torre de Estacionamientos que se encuentra en la zona 1 capitalina. Parte de sus clientes son el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía. Entre 2020 y 2022, los contratos estatales a su favor llegaron a los Q2.66 millones, y en el actual ejercicio fiscal ya alcanzan los Q1.07 millones.
Comercios menores
Almacenes y Servicios, Promotoras de Clubs y Hotel Suites Mar y Sol han facturado menos que las anteriores empresas, pero aun así sus negocios con el Estado alcanzan los miles de quetzales anuales.
La primera sociedad mercantil ha percibido Q1.16 millones desde 2020, exclusivamente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
A Promotora de Clubs, que administra el Club La Aurora, se le han pagado Q444 mil 523 durante este gobierno.
Por último, el hotel Mar y Sol tiene abonos a su favor por Q84 mil 620 en la actual administración. El complejo se encuentra en Escuintla y ofrece habitaciones con múltiples comodidades.
Beneficios adicionales
Además de los ingresos que representa ser proveedor del Estado, el IPM ha recibido durante este gobierno bienes inmuebles estatales con el aval del presidente Alejandro Giammattei. En 2021, el mandatario le otorgó, de forma gratuita, un terreno de 592 mil 591 metros cuadrados en Puerto San José, Escuintla, valorado en Q14.48 millones.
Este se utilizará para dos proyectos. Uno es la creación de una “zona de desarrollo económico especial pública”, en la cual se pueden instalar empresas industriales, comerciales y de servicios para obtener beneficios fiscales.
El segundo consiste en la construcción de una carretera privada para el paso de vehículos pesados que transportan combustible, con el objetivo de reducir el congestionamiento en el área urbana del municipio.
Este terreno, ahora propiedad del IPM, se encuentra a un costado del aeródromo de San José, en el cual la cartera de Comunicaciones invierte millones para convertirlo en una terminal aérea para administrar vuelos de carga.
Giammattei también firmó un acuerdo en 2021 para que se le entregara una propiedad en la zona 15 capitalina de cuatro mil 791 metros cuadrados, valorada en Q8.52 millones, la cual podrá utilizar sin costo alguno durante 50 años.
Por su parte, el Congreso —presidido por el partido oficial— reformó la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar el año pasado, con lo cual aumentó de 20 a 25 los años que un efectivo debe aportar a dicho ente para poder jubilarse.
Desviación
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, manifestó que muchas instituciones públicas se han desviado de su naturaleza y señaló que el IPM tiene la función de ser un fondo provisor para miembros de las fuerzas armadas.
“De eso a pasar a formar empresas para que sean contratadas por instituciones del Estado, prácticamente hay una desnaturalización de las funciones primarias de ese fondo”, expuso.
“¿Qué hacen con las ganancias? ¿Adónde van? ¿Se privatizan a través de esas empresas?, cuestionó. “Si se privatizan las ganancias con los recursos del Estado, estamos hablando de un desfalco”, añadió.
Generación de fondos
Ronaldo Leiva, ministro de Defensa en el gobierno de Óscar Berger, explicó que las directivas del Instituto dispusieron en su momento crear empresas para generar fondos y cubrir sus obligaciones con los militares jubilados.
Mencionó que eso ocurrió porque había más jubilaciones que cotizantes y después de ciertas reducciones en el Ejército había menos efectivos que hicieran aportes.
“Son bienes —estas sociedades— que el IPM ha construido con el mismo dinero que le han dado los jubilados. Es un capital propio. Ni el ministro —de Defensa— puede meter mano a las cosas de previsión militar”, manifestó Leiva.
IPM no se pronuncia
Prensa Libre se comunicó con el IPM para conocer si consideraba justo que, siendo un ente público, le provea productos y servicios al Estado, y para consultar el destino de las utilidades de las empresas de las que es accionista, el avance de los proyectos en Escuintla y la cantidad de militares cotizantes, entre otros asuntos.
El gerente Javier Robles no respondió a las llamadas y el subgerente, Omar Vásquez, solicitó que las consultas se le hicieran llegar por correo electrónico para “agilizar” las respuestas; sin embargo, no se habían recibido al cierre de esta nota.
Historia
El Instituto de Previsión Militar surgió en 1966. Tiene por objeto atender la seguridad social en el orden militar y otorgar prestaciones a sus afiliados por retiro obligatorio, jubilación o invalidez, entre otras.
Para obtener los beneficios, los militares y el Estado dan aportes dinerarios. Los fondos recibidos deben ser invertidos en condiciones “óptimas de seguridad, rendimiento y liquidez”, según la Ley Orgánica del IPM.
Sin embargo, en 2001 la institución invirtió US$36.37 millones en los bancos Merrill Lynch y Lehman Brothers. Este último quebró. En el informe de la Contraloría General de Cuentas del año pasado se detalló que el ente castrense seguía sin recuperar US$11.28 millones de ese dinero.
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