La Comisión de Derechos Humanos del Congreso está pendiente de dictaminar la llamada ley de fortalecimiento para la paz, que busca liberar a cualquier persona que enfrente proceso penal o que cumpla condena por crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno.
Esta nueva iniciativa contenida bajo el número de registro 6099 es promovida por 17 diputados de diferentes bloques legislativos que han acuerpado decisiones oficialistas en los últimos meses.
“Los diputados del Congreso de la República, ponentes de la presente iniciativa de ley, consideramos prudente y necesario que se resuelva de forma justa y apegada a derecho uno de los episodios más convulsos e ilegales que le ha tocado vivir al Estado de Guatemala”, se justifica en la propuesta.
La propuesta es de 11 artículos que explican los abordajes jurídicos para que jueces y tribunales liberen a cualquier persona acusada por crímenes de guerra, incluidos militares y guerrilleros.
Actualmente está vigente el decreto 145–1996, Ley de Reconciliación Nacional, que a criterio de los ponentes “contiene vacíos legales que han dado la libertad a los jueces que conocen de hechos acaecidos durante el enfrentamiento armado interno, para que interpreten la ley según criterios emanados de tendencias ideológicas”.
Esta nueva propuesta de ley llegó a Dirección Legislativa el 22 de junio del año pasado, pero fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para ser analizada el pasado 23 de noviembre.
El procedimiento
Para que se aplique la extinción de la responsabilidad penal, las actuaciones tendrían que ser de oficio o por petición de los abogados defensores, juzgados y tribunales.
Por ejemplo, los juzgados de ejecución penal tendrían que ordenar la inmediata libertad de personas con sentencia condenatoria firme; mientras que los tribunales tendrían que hacer el mismo trámite contra aquellos que mantengan sentencia condenatoria que no haya cobrado firmeza.
Los juzgados de instancia tendrían que ordenar la inmediata libertad de personas procesadas y anular las órdenes de captura por delitos cometidos por “acción u omisión” durante el enfrentamiento armado.
Los tribunales y juzgados a cargo deberán de tomar los expedientes como prioridad, indica la iniciativa, la cual agrega que “no será necesario que las personas beneficiadas con la presente ley acudan a la audiencia respectiva —y que— bastará con que intervengan y sean representados por sus abogados defensores en la audiencia respectiva”.
La propuesta de ley también explica que el Ministerio Público (MP) y juzgados deberán de abstenerse con las investigaciones en curso por supuestos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
“La resolución judicial que resuelva el sobreseimiento, desestimación, libertad inmediata o cese de cualquier otra medida de coerción a favor de los beneficiados con la presente ley es inapelable”, explica la iniciativa.
Por último, la propuesta señala que fiscales, juzgados y tribunales que retarden u obstaculicen los procesos para la extinción de responsabilidad penal tendrán sanciones administrativas y penales, añadiendo que “las personas beneficiadas con la presente ley no podrán reclamar el pago de daños y perjuicios al Estado de Guatemala”.
Visiones opuestas
Uno de los diputados ponentes de la propuesta, Hugo Rodríguez Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), afirma que esta no es una iniciativa “política” y que, por el contrario, busca el beneficio social.
Sin embargo, Sonia Gutiérrez, jefa del bloque Winaq e integrante de la Comisión de Derechos Humanos califica la iniciativa como “populista”.
Rodríguez Chinchilla expuso que, aunque en el pasado se han presentado propuestas similares, la de ahora es diferente “porque se hizo un proceso y la iniciativa va firmada por varios jefes de bancadas, junto a algunos diputados individuales”.
El congresista agregó que de ser aprobada el Congreso “quedaría muy bien parado ante la población guatemalteca porque hay miles de personas que están pidiendo esta ley”.
Rodríguez considera que la propuesta puede ser aprobada sin problemas en Guatemala porque no violenta acuerdos o tratados internacionales, no así la diputada Gutiérrez quien considera que ese es el problema de la propuesta.
“Guatemala es suscriptora de convenios internacionales de Derechos Humanos, y querer eliminar o quitar posibilidades para que se persiga a quienes cometieron crímenes durante el conflicto armado interno, es improcedente”, señaló.
La congresista añadió que “como estamos en año electoral, es una manera de obtener caudal electoral y sería un error aprobar semejante ley”.
Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuyo presidente, el diputado Herbet Figueroa, explicó que todavía no tienen una fecha para comenzar con su análisis.
Los antecedentes
Durante los últimos cinco años, es la tercera ocasión que un proyecto de ley de este tipo se presenta al Congreso de la República. En el 2017, en la octava legislatura, se presentó la iniciativa 5377, que planteaba reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
La propuesta caminó hasta su segundo debate el 6 de marzo de 2019, pero mediante una acción de amparo la Corte de Constitucionalidad (CC) prohibió al Congreso su discusión y aprobación por considerarla que era violatoria de acuerdos y tratados internacionales.
Recientemente, aunque con poco apoyo, diputados del bloque legislativo Valor, en la novena legislatura, presentaron la iniciativa 5920, que buscaba la creación de la Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación.
Tanto la 5377 y la 5920 buscaban eliminar la persecución penal por supuestos crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Esta última propuesta ni siquiera consiguió dictamen favorable.
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