El Ministerio de Gobernación (Mingob) adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 el arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático. Este fue el cuarto intento por adquirir el servicio, ya que en las ocasiones anteriores el evento fue anulado.
La empresa que proveerá el servicio es Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima. Esta fue la única entidad que presentó su oferta, según consta en el portal Guatecompras.
Asimismo, deberá de los dispositivos, deberá aportar infraestructura y equipos de seguridad; diseñará e implementará pruebas de aceptación de las soluciones provistas para el centro de control y realizará mantenimiento preventivo y correctivo durante las 24 horas los 365 días al año
También se pide que brinde capacitación, gestión, mantenimiento, operación y monitoreo a solicitud de la Unidad de Control Telemático del Mingob, dependencia que fue creada en 2020.
En tanto, el ministerio deberá proveer personal operativo y administrativo para el funcionamiento del centro, equipamiento de computadoras, medios de almacenamiento permanente de respaldo, pantallas, mobiliario, equipos de impresión multifuncional, cámaras de video vigilancia y planta telefónica, entre otros insumos y servicios.
“La adquisición de servicio para la implementación del plan piloto de control telemático por un plazo de 18 meses, con hasta un mil dispositivos, se realiza en cumplimiento a la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto Número 49-2016 del Congreso de la República de Guatemala, con el fin de poseer un sistema bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad, libertad controlada y las medidas de seguridad, en el caso de protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer”, refieren las bases del proyecto.
Cuarto intento
Esta es la cuarta vez que el Mingob intenta adquirir este servicio. La primera vez que se intentó arrendar fue en mayo de 2018, evento que fue prescindido porque el lugar definido para operar el centro de control telemático se encontraba cerca de prisiones y había riesgo de que la comunicación de celulares fuera anulada.
La segunda vez fue en 2021, donde se pretendía adquirir 3 mil dispositivos de control telemático. Fue adjudicada de forma preliminar Innova Outsourcing S.A. por Q244 millones, pero el entonces ministro Gendri Reyes improbó la adjudicación aduciendo que la sumatoria total de las cantidades donde se detallaban los servicios ofertados no coincidían con el total de la oferta presentada por la empresa.
Finalmente, el año pasado la junta de licitación adjudicó de nuevo 3 mil dispositivos a Innova Outsourcing S.A. por Q214 millones, pero el ministro le anuló la adjudicación aduciendo que no contaba con todos los documentos
Control telemático
El control telemático es una alternativa a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de videovigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.
Para expertos en seguridad, la implementación del control telemático podría mitigar el hacinamiento en cárceles. Sin embargo, advierten que no todos los reclusos pueden optar a esta medida, pues hay quienes están por delitos más graves que no contemplan medidas sustitutivas.
Se intentó consultar con el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, sobre esta contratación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Ley
En 2016, el Congreso de la República aprobó la Ley de Implementación de control telemático cuyo objetivo es “regular la aplicación del control telemático al proceso penal guatemalteco, a través de la implementación del dispositivo de control telemático como medio eficaz alternativo a la prisión”, según dice la normativa.
Este dispositivo será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez competente previo a un estudio socioeconómico. Para utilizarse, debe haber el consentimiento expreso de la persona, salvo en casos de medidas seguridad.
Si la persona destruye el dispositivo y se comprueba que lo hizo de forma dolosa, se revocarán los beneficios otorgados y se ordenará inmediatamente su aprehensión para que guarde prisión preventiva. Esto también será considerado delito, con penas de cinco a diez años de prisión y multa de Q25 mil a Q50 mil, según el artículo 10 de la ley.
La ley también crea el centro de control telemático, “el cual tendrá a su cargo la vigilancia de los sujetos portadores del dispositivo de control, el registro de los archivos y los reportes de los incidentes en la utilización, así como en el almacenamiento y ordenamiento de todos los datos recibidos”, reza el artículo 12 de la norma.
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