A menos de un mes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones generales, el titular de fiscalizar y velar por las inscripciones de candidatos ha sido tachado de arbitrario: El Registrador de Ciudadanos.
Se trata de José Ramiro Muñoz Jordán, quien asumió el cargo en marzo de 2022, según actas del TSE, tras haber sido asesor del magistrado electoral, Rafael Rojas.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) dicta en sus artículos 155 y 157 las funciones y atribuciones del Registro de Ciudadanos y su Registrador, entre las que destaca velar por la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.
Este proceso comenzó el pasado 21 de enero, y su desempeño no ha sido el más óptimo, según han declarado partidos políticos y organizaciones sociales que ya han denunciado al Registrador de Ciudadanos por aparente arbitrariedad.
Una denuncia contra Muñoz detalla los cargos de violación a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y denegación de justicia.
Dicha denuncia fue promovida por Luis Gustavo Ramos, que se acredita como ciudadano, y quien accionó porque el Registrador de Ciudadanos aceptó la candidatura presidencial de Zury Ríos, sobre quien el denunciante pesa un impedimento constitucional.
También por una serie de argumentos en contra de su participación política, el binomio presidencial de Podemos le presentó una denuncia por abuso de autoridad a inicios de año, según confirmó David Pineda, aspirante a la vicepresidencia por el partido antes citado.
Pineda agregó que este miércoles estaría presenta una segunda denuncia contra el Registrador de Ciudadanos, y el Pleno de magistrados del TSE por los cargos de abuso de autoridad y prevaricato.
Las inconformidades sobre el trabajo del Registro de Ciudadanos no solo han ocasionado ruido en partidos políticos, ya que organizaciones han solicitado mediante un memorial su destitución, y anunciaron una denuncia en contra de Muños por el cargo de resoluciones violatorias a la Constitución.
“Actos arbitrarios”
Para Luis Compá, de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (Rednac – TP), las acciones del Registro de Ciudadanos y de su titular, ponen en riesgo el futuro evento electoral.
“Vemos con suma preocupación la forma parcial en la que se ha tomado la decisión de inscribir candidatos en quienes incurren prohibiciones constitucionales, y por otra parte no inscribir a personas que llenan los requisitos”, explicó el dirigente.
Su organización, junto a Acción Ciudadana (AC), presentaron este martes 14 de febrero un memorial el TSE, en donde solicitan la destitución del Registrador de Ciudadanos.
“Vemos actos arbitrarios por parte del Registrador de Ciudadanos, no es posible que, por una parte, llame a respetar el derecho de elegir y ser electo y al mismo tiempo violente ese derecho”, agregó Compá.
La organización, afirma que es prudente que el TSE rectifique el camino, porque todavía están a tiempo de hacer que el futuro proceso de elecciones marche de la manera correcta.
“Estamos agregando la solicitud de la destitución inmediata del Registrado de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz Jordán, quien ha actuado de forma arbitraria emitiendo resoluciones contrarias a la constitución” , concluyó el dirigente.
Revertir inscripciones
Otra de las peticiones realizadas al TSE, es dar marcha atrás con una serie de inscripciones de candidatos, que según el análisis de la organización Acción Ciudadana (AC), ponen en riesgo la integridad del futuro proceso de votaciones.
La entidad, señala que existen dos candidaturas para la presidencia y vicepresidencia que cuentan con prohibiciones constitucionales: Zury Ríos, de la coalición Valor – Unionista, y Romeo Guerra, vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“No se analizan las candidaturas, no se verifica realmente si los candidatos cumplen con los requisitos. Se convierten únicamente en una institución de trámite”, comentó Edie Cux, director de AC.
Otras candidaturas que tendrían que ser consideradas, afirmó el abogado, son aquellas contra funcionarios y exfuncionarios que han sido tachados por actos de corrupción, sin que se tome de pretexto la presunción de inocencia, indicó Cux.
“La presunción de inocencia es en materia penal, aquí estamos hablando de materia electoral que lo que pretende es el bien para todos”, incluso no existe problema, indica el abogado, si ya han sido entregadas credenciales de candidatos, “ellos – el TSE – tienen toda la facultad de verificar los antecedentes y revertir las candidaturas”.
En total son nueve las candidaturas a las que el TSE tendría que revertir su primera resolución, según AC, y no acceder a dos peticiones de exfuncionarios que fueron recientemente proclamados para el nuevo Congreso, siendo los siguientes:
- Alfonso Portillo, condenado en EEUU
- Manuel Baldizón, condenado en EEUU
- Felipe Alejos, con sanción Magnitsky
- Allan Rodriguez, con sanción Magnitsky
- Jorge Vargas, con sanción Magnitsky
- Julio Juarez, con sanción Magnitsky
- Delia Bac, incluida en la lista Engel
- Florencio Carrascoza, incluido en la lista Engel
- Sofía Hernández, incluida en la lista Engel
- Zury Ríos, prohibición constitucional
- Romeo Guerra, prohibición constitucional
El vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, recordó que las inscripciones de candidatos están sujetas a apelaciones, por lo que serán recibidas y tramitadas, no obstante, el desempeño del registrador está apegado a la ley y la institución respaldará su continuidad.
“El licenciado Ramiro Muñoz ha llevado las funciones que como registrador le corresponden y con apego a la doctrina jurídica correspondiente, contando con el respaldo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, dijo Ramírez.
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