El 17 de enero se conoció un amparo provisional que ordena al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir la participación, para las elecciones 2023, al partido político Unión del Cambio Nacional (UCN).
La agrupación ya fue cancelada debido a que las acciones de fiscalización del ente electoral determinaron que en la campaña política del 2015 no reportó el origen de aproximadamente Q15 millones.
El TSE publicó el 17 de octubre de 2022 en el diario oficial la notificación de la cancelación de dicho partido político y afirmó que el emblema y nombre de la agrupación no pueden ser utilizados en los próximos 10 años.
Lejos de conocerse el fallo del amparo, ni la agrupación política aludida ni el órgano electoral habían afirmado de la resolución judicial que amparaba a la organización, miembros del partido habían ofrecido compartir a la brevedad el fallo, pero no fue así.
Una fuente judicial que prefirió el anonimato y que tuvo acceso al documento, explicó que la entidad que emitió el amparo provisional fue la Sala Quinta de lo Contencioso y Administrativo.
No es la primera vez que esta instancia judicial emite resoluciones en procesos de trascendencia nacional. En los últimos dos años han pasado por las manos de los jueces de este tribunal casos de coyuntura.
Algunas resoluciones
Entre uno de los casos que destacan en los antecedentes de la Sala Quinta de los Contencioso y Administrativo, se encuentra un fallo judicial que impidió a Gloría Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomar posesión del cargo.
Porras había sido reelecta como magistrada constitucional por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac), y cuando estuvo a punto de ser juramentada ante el Congreso el 12 de agosto, la sala en cuestión envió una notificación al Congreso que lo impidió.
El órgano judicial notificó en aquella oportunidad al Pleno del Congreso que había admitido para trámite una nueva demanda contra Porras, lo que desembocó en que no fuera juramentada.
Otro fallo judicial más reciente de la Sala se hizo público el 11 de mayo de 2022.La Sala Quinta ordenó que en un plazo no mayor de cinco días se llevara a cabo la elección de rector de la Usac.
El proceso estaba detenido a consecuencia de recursos legales, pero una acción de amparo promovida por Henry David Campos, elector a favor de la planilla Innova, que impulsaba a Walter Mazariegos, obtuvo un fallo provisional a favor.
La acción de la Sala condujo a las elecciones que se celebraron solo con 27 cuerpos electores, sin tomar en cuenta a siete que, en teoría, iban a apoyar al candidato opositor de Mazariegos, quien finalmente fue electo rector.
Los magistrados
La resolución que dio esperanzas al partido político UCN fue firmada por Giovanni Francisco Soto Santos, magistrado presidente; junto a los vocales José Domingo Valenzuela Herrera y César Aníbal Najarro López.
El primero buscó el año pasado llegar a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y fue uno de los tres profesionales electos para la terna de la cual Pleno del Congreso seleccionó a José Alejandro Córdova.
El segundo, Valenzuela Herrera, es un profesional del Derecho con más de 22 años de experiencia, según su hoja de vida. Es uno de los profesionales del Derecho que buscó su reelección como magistrado de Sala.
Su nombre es uno de los 270 profesionales que integran la lista de candidatos para Corte de Apelación, del proceso que tuvo que haber finalizado en el 2019, pero que continúa estancado.
Valenzuela Herrera obtuvo 26 votos a favor dentro de la Comisión de Postulación, y obtuvo una puntuación de 77 puntos, según consta en los registros de prensa.
El proceso de renovación de autoridades judiciales fue detenido por una serie de acciones legales que llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), debido a una investigación del Ministerio Público (MP) que advertía una aparente manipulación para la renovación de las cúpulas judiciales, expediente que a la fecha se conoce como el Caso Comisiones Paralelas 2020.
El tercero integrante de la Sala que favoreció a UCN, Najarro López, integró la Sala Primera Civil que avaló una acción de amparo presentada por el juez Mynor Moto que ordenaba al Congreso de la República juramentarlo como magistrado de la CC.
Entre otro de los antecedentes de Najarro López se cuenta que, como suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, votó a favor de cerrar un proceso penal contra el exdiputado Armando Escriba.
Moto integra la lista Engel del departamento de Estado de EE. UU. de actores señalados de corrupción y de socavar las instituciones de derecho, mientras que Escriba, fue acusado por el MP de supuestos casos de corrupción.
Justicia y política
Aunque son temas que tendrían que estar en polos opuestos, especialistas afirman que la justica y la política, en Guatemala, van de la mano. Señalan que resoluciones de órganos inferiores que cuestionan a la máxima autoridad electoral son una muestra.
Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, destacó que en el actual proceso electoral se verá cómo las salas de apelaciones tendrán un papel clave, situación que ya se vivió en el proceso pasado.
“Hay algunos ejemplos que probablemente volvamos a ver en estas elecciones, pero en el 2019 una Sala de Apelaciones, de Escuintla si no mal recuerdo, había otorgado decenas de amparos para ordenar la extensión de finiquitos a diversos candidatos”, recordó Ortiz.
El experto expuso que estos amparos fueron suspendidos posteriormente por la CC, lo que a su consideración es una de las dos grandes fallas del sistema: el abuso de la acción de amparo y ninguna sanción o amonestación por fallos poco claros o fundamentados.
“Digamos que hay una debilidad de la supervisión de tribunales y de todos los órganos del sistema judicial que deberían de tomar nota, y luego actuar en consecuencia, pero vemos que estos casos no pasan a más”, señaló.
Por su parte, Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), coincide en que el amparo a favor de UCN será el primero de muchos fallos “cuestionados” que se verán a lo largo del proceso electoral.
“Creo que el fenómeno de judicializar la participación, inscripción de candidatos y la vigencia de un partido político que ha sido previamente cancelado, plantea un reto a la independencia de las salas, y principalmente de aquellas que conocieron procesos políticos y de ejercicio de poder en la administración pública”, destacó.
Cux afirma que este tipo de resoluciones “definitivamente van a influir en las elecciones”, debido a que según su visión existen muchas salas judiciales que carecen de independencia.
Autoridades de UCN, explicaron que, hasta el 26 de enero de 2023, no han presentado otro recurso aparte del amparo provisional que, afirman, mantiene vigente al partido político.
Lamentan que el TSE vea el proceso de cancelación desde una postura “política”, pero no descartan nuevas acciones debido a que el equipo legal de UCN se encuentra analizando todos los escenarios.
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