Los diputados del Congreso de la República aprobaron en el año iniciativas de ley que causaron polémica dentro de la opinión pública, a tal grado que tuvieron que retractarse de ellas, pero no avanzaron en proyectos de índole social o tareas de rango constitucional que pesan sobre sus hombros.
Entre algunas de las iniciativas que los diputados tuvieron que dar marcha atrás se encuentra la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, Ley de Ciberseguridad, Ley de Vacunación y hasta la Ley de Contrataciones del Estado, por citar algunos.
Durante el año algunos temas fueron clamados por grupos sociales, pero la dinámica parlamentaria que estuvo dominada por la alianza oficialista no dio espacio a que estos proyectos lograran caminar.
Entre las seis tareas pendientes que destacan de los diputados para este año se encuentran cuatro iniciativas de ley y dos tareas de rango constitucional, estos últimos aunque estuvieron presentes en las agendas de Pleno no fue posible su agilización por la insistencia de los diputados.
Reformas electorales
Iniciativa: 5886.
Nombre: Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Estatus: Dictamen favorable.
El 18 de febrero de 2021, ingresó a Dirección Legislativa una propuesta de ley impulsada por el Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que busca mejorar la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
La iniciativa reunía los puntos de vista de grupos políticos y los sectores sociales aglutinados en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que hace una autoevaluación del proceso electoral con aras de mejorar el proceso de elecciones generales.
El 17 de marzo de ese año la iniciativa fue presentada ante el Pleno de diputados, y por trámite fue remitida a la Comisión de Asuntos Electorales para evaluar la viabilidad de los cambios propuestos.
Distintos sectores sociales han manifestado que aunque se confié en los resultados de las elecciones del 2019, es necesario mejorar aspectos y afinar criterios para hacer que el proceso de votaciones del 2023 fluya de mejor manera.
Pero la propuesta está a paso lento dentro del Organismo Legislativo, ya que fue apenas el 31 de agosto de este año, a solo cinco meses de la convocatoria a elecciones, que un grupo de diputados presentó el dictamen favorable.
Pero fuera de una rueda de prensa que generó opinión y debate, ya no hubo ningún pronunciamiento público de los diputados que firmaron el dictamen para buscar que el tema fuera incluido en las sesiones de Pleno restantes del 2022.
Por ser una ley de rango constitucional tiene un trámite adicional para ser aprobada, ya que necesita de 107 diputados a favor y de un dictamen favorable del Pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, es inviable que las reformas de la LEPP se hagan y el tema tendrá que ser evaluado para un futuro proceso de votaciones.
Ley de aguas
Iniciativas: 5070 y 5161.
Nombre: Ley Marco del Agua y Ley para el Aprovechamiento y Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico en Guatemala.
Estatus: Sin dictamen de comisión y con dictamen favorable.
Se trata de dos proyectos relacionados para el buen uso, conservación y cuidado de las fuentes hídricas en Guatemala, iniciativas que están varadas en el Congreso de la República desde el año 2016.
Las dos iniciativas llegaron con escasos meses de diferencia al Congreso de la República, pero luego de eso ninguno de los dos ha logrado acaparan la atención de los congresistas para avanzar, al menos, a uno de los tres debates de ley requeridos para convertirse en una nueva ley.
El tema de las fuentes hídricas en Guatemala es compleja, según el Informe del Estado del Agua de la Región Metropolitana del año 2022, elaborado por Funcagua.
“El país cuenta con políticas públicas gubernamentales globales, transversales, sectoriales e institucionales que abordan ciertos aspectos relacionados con los recursos hídricos; pero no cuenta con una ley e institucionalidad específica”, refiere el documento.
Al momento de viajar por cualquier departamento de Guatemala suele ser común observar ríos y lagos con desperdicios en sus aguas, contaminación que no puede ser atacada o tratada de manera adecuada por la falta una ley específica, explica el informe de Funcagua.
“Esto significa que este elemento ambiental carece de identidad legal propia, lo cual limita el desarrollo del potencial hídrico, la protección de los derechos de agua, la capacidad pública de proteger la vida de las personas y sus bienes ante eventos hidroclimatológicos extraordinarios, así como la de conservar la integridad del patrimonio hídrico y de valorar sus aportes, sea como bien vital, recurso útil para la economía o elemento fundamental de procesos ecológicos”.
Este año, diputados afines a la denominada “alianza oficialista” presentaron proyectos de índole ambiental, entre ellos la del bautizado “Súper Ministerio de Ambiente”, pero en ningún momento se trató de impulsar alguna de las dos iniciativas relativas al cuidado del agua en Guatemala.
Mujeres desaparecidas
Iniciativa: 5561.
Nombre: Reformas a la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas Isabel Claudina.
Estatus: Dictamen favorable con modificaciones.
En promedio se presentan 25 denuncias diarias por temas relacionados con la violencia contra la mujer, según cifras que maneja el Ministerio Público (MP) en la sección del Observatorio de las Mujeres, detallado en su página web.
Actualmente existen 49 mil 732 mujeres que han reportado violencia contra la mujer en sus manifestaciones físicas, psicológicas y económicas, según las cifras oficiales.
El mayor grado de violencia contra la mujer es el femicidio, y en lo que va de 2022 el MP mantiene contabilizados 508 casos, según las estadísticas documentadas hasta el pasado 11 de diciembre.
La violencia contra la mujer y los crímenes en su contra suelen ir de la mano con reportes de mujeres desaparecidas, por lo que organizaciones sociales estiman necesario que la actual ley marco de búsqueda de mujeres desaparecidas sufra algunas modificaciones.
Los cambios se presentaron el 8 de marzo de 2019 por la entonces diputada Alejandra Carrillo, quien recibió la retroalimentación y sugerencias de organizaciones que trabajan a favor de la mujer.
El documento después de su presentación al Pleno y traslado a comisión no tuvo avance hasta el 21 de octubre de 2020, cuando la Comisión de la Mujer del Organismo Legislativo dio un dictamen favorable con modificaciones.
Pese a que este año el Congreso de la República fue liderado por la diputada Shirley Rivera, Presidenta de la Junta Directiva, la iniciativa 5561 no consiguió ni siquiera ser aprobada en su primera lectura.
Ley de vacunación
Iniciativa: Sin número de registro.
Nombre: Nueva Ley de Vacunación.
Estatus: Sin información.
El 1 de febrero de este año el Congreso de la República aprobó la Ley de Vacunación, normativa que permitía al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) contar con una partida presupuestaria para procesos de vacunación en Guatemala.
Este proyecto abarcaba más que simplemente procesos salubristas contra la pandemia, ya que permitía una normativa para prevenir cualquier tipo de enfermedad que pusiera en riesgo a la población.
Sin embargo el presidente Alejandro Giammattei vetó el proyecto por considerar que tenía inconsistencias, y el Pleno del Congreso decidió adecuado que el mismo retornara a la Comisión de Salud.
En mayo de este año la mesa legislativa decidió presentar una nueva iniciativa que permitiera cumplir con el cuidado de salud de la población, y no violar ningún derecho en su aplicación.
Pero al buscar en la página web del Congreso la propuesta no aparece registrada, lo que significaría que el documento ni siquiera ha sido presentado al Pleno de diputados para comenzar su camino parlamentario para convertirse en ley.
Actualmente, según datos del MSPAS, existen 8 millones 855 mil 397 personas que han recibido al menos una dosis de vacunación contra el covid -19, mientras que el número de personas con esquema completo se reduce a 7 millones 26 mil 766.
Expertos en salud han manifestado durante el paso de la pandemia en Guatemala que las cifras de vacunación van a paso lento, y atribuyen buena parte de esto a la falta de un marco jurídico que permita agilizar este tipo de procesos en el país.
Interpelaciones
El Pleno del Congreso de la República no mantiene únicamente iniciativas de ley pendientes de aprobación, hay otro tipo de tareas y responsabilidades que en el 2022 tampoco lograron ser resueltas.
Entre estas tareas pendientes podemos citar las interpelaciones, juicios políticos a ministros de Estado por requerimiento de uno o grupo de diputados.
Actualmente la agenda parlamentaria de las sesiones de los jueves se concentraba en programas los juicios políticos, que no lograron avanzar por falta de quórum de los congresistas.
A la fecha, se mantienen en lista seis interpelaciones contra cinco diferentes ministros de Estado, que a consideración de al menos un congresista debe de ser fiscalizado por el Pleno.
Actualmente se encuentra en desarrollo el juicio político contra el titular de la cartera de Energía y Minas, Alberto Pimentel, que no consigue paso en el Congreso de la República por la reiterad inasistencia de diputados para las sesiones plenarias de los jueves.
La novena legislatura ha mantenido comprometida la agenda de los jueves por los juicios políticos pendientes, que deben de concluir para que esta sesión de trabajo pueda ser considerada para temas ordinarios. El listado de interpelaciones a la fecha es el siguiente:
- Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas
- Felipe Aguilar, ministro de Cultura y Deportes
- Claudia Ruiz, ministra de Educación
- Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones
- Francisco Coma, ministro de Salud
- Claudia Ruiz, ministra de Educación
Elección de Cortes
Esta es una de las tareas pendientes que más resaltan del Congreso de la República. Los diputados llevan tres años sin concretar la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de uno de los tres poderes de Estado, que a consideración de expertos en Derecho es un reflejo negativo para el país ya que esto no refleja certeza jurídica, algo que apuntan hasta podría ser perjudicial para la economía porque este ambiente no es grato para potenciales inversionistas.
La renovación de Cortes que tuvo que darse el 13 de octubre del 2019 se vio empañado por una aparente trama de negociaciones corruptas, que buscaban colocar a personas afines a grupos de poder en la lista de elegibles para algunos de los cargos judiciales más importantes del país.
La investigación que elaboró la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fue denominada como Caso Comisiones Paralelas 2020, que señala como principal actor a Gustavo Alejos, político y empresario acusado en múltiples casos por aparente corrupción.
Acciones legales que dejaron un polémico fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) mantienen a la fecha entrampada la renovación judicial, que no permite que los diputados fijen una hoja de ruta para la elección de las autoridades judiciales.
La actual magistratura fue electa por la octava legislatura que estaba dominada por los extintos partidos políticos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP).
Sus inicios tampoco fueron óptimos ya que una denuncia de la entonces magistrada civil Claudia Escobar expuso artimañas para la elección de esa Corte, que incluso llevó a prisión al expresidente del Congreso, Gudy Rivera.
A finales del 2022 la no renovación y opacos inicios de la magistratura que continúa en el poder tres años después de haber finalizado su mandato constitucional no es el único problema, ya que esta Corte poco a poco se ha ido desintegrando.
De los magistrados judiciales tres han presentado su renuncia y por el contexto no ha sido viable nombrar sustitutos. El primero en renunciar fue Rafael Rojas, quien ahora ocupa una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La segunda renuncia fue la de Nester Vásquez, quien es uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), él fue electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
La tercera renuncia es la de María Eugenia Morales, exfuncionaria judicial que presentó recientemente su renuncia al Congreso de la República argumentando problemas de salud.
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