Los alrededores del Congreso y al menos 15 tramos carreteros han sido bloqueados por veteranos del Ejército al menos en siete oportunidades en lo que va del 2022, según reportes de medios y las organizaciones de militares.
Hoy, si se cumplen sus amenazas, será la octava ocasión, pues dichos grupos han anunciado bloqueos desde este martes 25 de octubre y hasta el jueves 27, como lo confirmó la Gobernación Departamental de Guatemala.
De nuevo los militares en situación de retiro salen a las calles para exigir al Congreso la aprobación de una iniciativa, que ni siquiera cuenta con dictamen favorable, que les garantiza recibir Q120 mil.
Los militares retirados afirman que ese pago es una compensación justa y merecida por el trabajo hecho durante el conflicto armado interno, promesa impulsada por políticos en la antesala de las elecciones del 2019.
En contraparte a esa fallida promesa de campaña, el Congreso acuerpado por las bancadas y diputados aliados aprobaron el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral.
Sin embargo, no todas las asociaciones de militares están de acuerdo con la normativa.
“Esa ley que aprobaron es un gran engaño para todos los veteranos. No queremos salir a sembrar árboles a las fincas de los ricos, no queremos ir a limpiar la orilla de los ríos de los ricos, quieren sacar a los veteranos a las calles. Esto es un gran castigo que nos dieron los diputados corruptos”, señaló Francisco González, un militar en situación de retiro.
Esta ley y el hecho de que otra facción de exmilitares sigan en búsqueda de los Q120 mil, así como aparentes acciones de hecho con tintes políticos, han ocasionado que las asociaciones se fragmenten, afirma González.
Desde el 2019 los militares comenzaron a tocar las puertas del Congreso para pedir resarcimiento, sus acciones han subido de tono y algunas llegado a la violencia.
Primeras manifestaciones
En mayo de 2019, previo a las elecciones generales, comenzaron las manifestaciones de militares en situación de retiro que pedían al Congreso una indemnización por el trabajo hecho durante el conflicto armado interno.
En aquella ocasión amenazaron con utilizar bombas para boicotear el proceso electoral, pero luego de reuniones con congresistas de la octava legislatura la tensión se disipó.
Esas charlas continuaron hasta la fecha, hubo un cambio de legislatura, pero las promesas eran las mismas, según Antonio Pérez Lux, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra.
“Solo este año llevamos siete manifestaciones sin contar la de mañana (25-10-2022), yo he estado en cada una de ellas y tengo la experiencia que solo nos engañan, incluso una vez hasta nos llevaron a un salón para dar una gran conferencia y nos dan falsas esperanzas, acá ya no creemos”, refirió el veterano.
Su agrupación que reúne a cerca de 16 mil militares retirados no va a participar en las nuevas protestas. “De mi asociación hay gente que viene de lejos, venden sus gallinas para sus pasajes y en el Congreso nos engañan con falsas promesas. En el Congreso no hay buena voluntad para impulsar la ley que beneficia directamente al veterano”, expuso.
Los bloqueos
En junio de 2021 los militares en situación de retiro bloquearon las principales carreteras del país, afectando la movilidad de miles de ciudadanos y generando pérdidas económicas, apuntaron las cámaras empresariales.
Los veteranos del Ejército ya no solo se reunían en el Congreso para dialogar.
“Nosotros como Cien creemos que el gobierno tiene que tener bien claro las propiedades, no hacer favores políticos con el presupuesto que es lo que estamos viendo que asignan bolsones completos, esto es como una piñata donde todos quieren ir a golpearla y ver cuántos dulces les caen”, opina María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Además de la discusión del presupuesto del 2023, está cerca el año electoral, donde tampoco se puede dejar de lado analizar intenciones políticas de fondo, apunta.
“El proceso para diseñar y aprobar el presupuesto llama a clientelismo político porque no hay prioridades, y en un año político se quieren ganar votos y lo hacen con las personas que pueden votar, alcaldes, personas de la tercera edad…el problema es que no tenemos un presupuesto que le apueste a la niñez”, concluyó.
Jornadas violentas
Con machetes y empujones han sido las últimas protestas de veteranos del Ejército, quienes motivados por conseguir los Q120 mil han desafiado a las fuerzas de seguridad.
Pero el evento más violento hasta ahora ocurrió el 19 de octubre del año pasado, cuando ingresaron por la fuerza al Palacio Legislativo, sometieron a las fuerzas de seguridad parlamentaria y de la Policía Nacional Civil (PNC) e incendiaron algunas oficinas.
Por ese proceso existe una investigación abierta y según confirmó el departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP), la audiencia de etapa intermedia para cuatro militares procesados será el 12 de enero de 2023.
Los militares procesados son: Juan Parachico, acusado por terrorismo y depredación contra el patrimonio; Mynor de Jesús Barrientos, por terrorismo y atentado; así como Telésforo Ramírez y Ernesto Martínez, ambos señalados por terrorismo.
Todos se encuentran con medida sustitutiva de arresto domiciliar.
¿Batalla legal?
Manifestaciones, bloqueos y disputas físicas con las fuerzas de seguridad ya no son las únicas formas en que los militares en situación de retiro exigen los Q120 mil, ahora también utilizan las leyes para tratar de conseguir su cometido.
El pasado viernes un grupo de militares en situación de retiro presentó una acción de amparo, mediante la cual buscan que una orden Constitucional ordene al presidente no sancionar el decreto 51-2022, para que los diputados retomen la iniciativa que les garantizaría más dinero sin tener que trabajar.
Pero la acción legal no fue bien planteada y difícilmente consiga su cometido, según el análisis de Gabriel Orellana, constitucionalista.
“Yo veo difícil para los veteranos justificar que un acto del Congreso que llenó todos los requisitos de ley pueda ser revocado en base a consideraciones políticas, en otros casos la Corte de Constitucionalidad ha dicho que los motivos para aprobar una ley atañen al Congreso y no a la Corte”, explicó.
Además, argumentó Orellana, la acción de amparo no fue la mejor idea si el objetivo era atacar la ley.
“Acá mi personal apreciación es de que se trata de manera forzada, por no decir indebida, impulsar un proceso de amparo cuando en realidad lo que procedería sería esperar que la ley se publique para que esta sea impugnada mediante una inconstitucionalidad”, precisó.
Los veteranos del Ejército insisten en que los diputados aprueben una iniciativa que les garantizaría Q120 mil, pero la propuesta está por cumplir tres años en el Congreso sin recibir ni siquiera dictamen favorable.
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